La diputada nacional de Proyecto Sur Alcira Argumedo [...]]]> 11-2-2012
La referente de Proyecto Sur analizó ante parlamentario.com la situación que atraviesa el país en torno a la minería a cielo abierto, que propone prohibir por ley. Reconoció que “se está dando un debate nacional” gracias a la cobertura de los medios enfrentados con el Gobierno.

La diputada nacional de Proyecto Sur Alcira Argumedo dialogó con parlamentario.com acerca de unos de los debates que más se ha puesto en boga en los últimos días: la megaminería y sus consecuencias sobre el media ambiente. La polémica volvió a renovarse con la movilización ciudadana en El Famatina, y en las últimas horas con la represión a los asambleístas catamarqueños que impedían la entrada de cargamentos a La Alumbrera, en Tinogasta. Inmersa en esta situación, la socióloga del Conicet recuerda las denuncias que viene realizando su partido “desde hace años” sobre los efectos “catastróficos” de la minería a cielo abierto.

Frente al expreso apoyo de gobernadores provinciales y de sectores trabajadores a la actividad, Argumedo aseguró que “hay una desinformación de lo que significa la megaminería” argumentando que “cuando se van las empresas, además del desierto, resecan o envenenan las fuentes de agua” que perjudica a toda la región.

“El problema es que en un pueblo contratan mil trabajadores como mucho y con sueldos muy altos además de algunas otras cosas. En lo inmediato dan una cierta prosperidad. Pero estamos condenando la calidad de vida de nuestros nietos y nietas. Inclusive creo que la ocupación minera es el 0.04 por ciento de la población económicamente activa. No son más de 20 mil en todo el país”, detalló la diputada.

La legisladora consideró que “la clave del debate nacional que se está dando fue la difusión que le han dado los grandes medios”. “Ha sido rara la importancia que le dieron, pero me parece fantástico porque rompieron el silencio de los medios provinciales”, dijo al reconocer que la exposición mediática está en parte sumergida en el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín.

“Acá hubo un factor importante que fue que en la pelea entre el Gobierno y Clarín, se fue difundiendo lo que es la megaminería. Utilizando el 54 por ciento de los votos van por todo. Se encuentran con esto y por primera vez lo grandes medios empiezan a reflejarlo”, dijo Argumedo a parlamentario.com.

Críticas a la Casa Rosada

La diputada afirmó que “el secretario de Minería y la presidenta de la Nación tienen compromisos muy fuertes con los sectores mineros, como paso con los petroleros”. Y dijo: “Ahora se dan cuenta de lo que significa que las petroleras vacíen los pozos sin hacer exploración. No se les exigían explorar, que es lo más caro. Ahora se dan cuenta de la política depredadora. Exportaron gas sin ningún tipo de control a Chile. Es una mirada tan de corto plazo y de negocio inmediato que es terriblemente peligroso”.

Advirtió en ese sentido que “el peligro por las consecuencias del medio ambiente y los recursos naturales se ha consolidado”, recordaron que “en 2010 se logro sacar la ley de protección de glaciares y La Barrick no quiere que se aplique porque van a proteger los glaciares que son sus fuentes de agua” para la explotación minera.

Pese a esta situación, Argumedo le dijo a parlamentario.com que “vamos a hacer lo imposible para prohibir la minería a cielo abierto, fundamentándonos en el documento del Parlamento Europeo de 2010 que la prohibió”. “Inclusive Rumania, Hungría y Alemania que son grandes países mineros ya la liquidaron”, comentó.

Contaminación

Argumedo reconoció que “se está dando un debate nacional” en torno a las consecuencias de la minería, donde “por un lado hay una mirada de corto plazo por parte de quienes son partidarios de la megaminería, que afirman que no contamina”.

La diputada desmintió esta postura afirmando “el problema central es lo van a dejar estos emprendimientos”. “Primero que el proceso de separación de metales y rocas usa agua y cianuro en grandes cantidades. En lo inmediato el agua que se usa afecta a la agricultura. En el caso de La Rioja el propio Beder Herrera reconoció que el agua no alcanza para agricultura y minería y escogió a esta última”, dijo.

En segundo término, y como consecuencia de lo anterior, Argumedo remarcó que “por las explotaciones y los metales a la intemperie se produce lluvia ácida, polvo de metal, que contamina el aire y los cultivos”. “Cuando las empresas se retiran dejan por los siglos de los siglos los denominados ‘diques de cola’ del tamaño de San Roque, en Córdoba, que tiene un barro tóxico con cianuro y restos de metales pesados”, detalló.

Comentó al respecto que “en Europa la minería a cielo abierto fue prohibida en 2010 porque en 25 años hubieron 30 accidentes como la ruptura de diques que inundaron pueblos aledaños con el barrio hasta uno o dos metros de altura” y que “también se contaminó el río Danubio”, por lo que “consideraron que son consecuencias catastróficas e irreversibles y se prohibieron en toda Europa”.

“Lo comparo con la experiencia de la forestal. En el 2004 el INTA y la Secretaria de Medio Ambiente hicieron un informe por el cual se dieron cuenta de que la sequía y desertificación se debe a la actividad forestal, ya que cuando se retiran las empresas dejan un páramo. Eso fue un gran negocio para la empresa y los funcionarios, pero un siglo después se pagan las consecuencias”, dijo la diputada porteña.

“Lamentablemente el contenido y los resultados de la convocatoria oficial reafirmaron nuestra decisión de no haber asistido para no ser partícipes de esta manipulación mediática sobre un tema tan sensible para el [...]]]> Tras los anuncios del Gobierno sobre la situación en las islas del Atlántico sur, la Mesa Nacional de Proyecto Sur fijó su posición.

“Lamentablemente el contenido y los resultados de la convocatoria oficial reafirmaron nuestra decisión de no haber asistido para no ser partícipes de esta manipulación mediática sobre un tema tan sensible para el pueblo argentino”, afirmaron los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli del Bloque Proyecto Sur; y sostuvieron que “los anuncios de la Presidenta sobre la situación en Malvinas nos muestran una vez más una retorica inoperante ante la magnitud de la prepotencia británica en términos militares y económicos”.
Con respecto a los anuncios oficiales, los diputados afirmaron que “la desclasificación del informe Rattenbach tiene un valor simbólico positivo más allá del hecho de que hace varios años se conoce públicamente, y con respecto a la denuncia de la militarización inglesa en las islas a ser presentada en el Consejo de Seguridad de la ONU constituye una gestión natural y propia de la Cancillería, pero que tendría que haber sido formulada desde hace varios años, antes el incremento constante de la presencia militar inglesa durante la última década”.

“La respuesta a las expectativas de los ex combatientes y veteranos constituye un verdadero insulto a la dignidad de una generación golpeada por la guerra sin preguntarse por las verdaderas causas por las cuales una cantidad tan significativa de ellos decidieron quitarse la vida”, se solidarizaron los referentes de Proyecto Sur.

Para finalizar, los diputados de Proyecto Sur recordaron que “tal como señalamos en la reciente Carta Abierta a la Presidenta, la posición de Proyecto Sur sostiene que deben tomarse medidas concretas basadas en la fuerza de nuestro derecho”. En este sentido, el Bloque liderado por Fernando Solanas propone que el Gobierno “encare medidas que afecten efectivamente a los intereses británicos, contemplando dos acciones: la denuncia de los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 que avalan la política de despejo de nuestros recursos y la inmediata reglamentación y aplicación de la ley 26.659 aprobada por unanimidad en el Congreso, junto a medidas compensatorias al perjuicio económico que le causa al país la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur”.

http://www.perfil.com/ediciones/2012/1/edicion_646/contenidos/noticia_0021.html

Nos vemos obligados a hacerle llegar nuestra preocupación con respecto [...]]]> El diario Perfil publica una carta abierta donde, junto con Mario Cafiero y Pino Solanas, le exigimos al Poder Ejecutivo la aplicación y reglamentación de la Ley 26.659 que establece sanciones a las empresas asociadas a la explotación hidrocarburífera en la Cuenca de Malvinas.

http://www.perfil.com/ediciones/2012/1/edicion_646/contenidos/noticia_0021.html

Nos vemos obligados a hacerle llegar nuestra preocupación con respecto a la cuestión estratégica de la disputa por la soberanía territorial en las Islas Malvinas y del Atlántico Sur. Ante todo, reconocemos las oportunas acciones desarrolladas por el ex presidente doctor Néstor Kirchner en 2005, al reclamar por la política pesquera ilegal llevada a cabo por las autoridades británicas, la decisión de dar por terminada en 2007 la Declaración Conjunta sobre actividades costa afuera suscripta con el Reino Unido en 1995 y el Decreto 256/2010 impulsado por su gobierno, donde se establece que todo buque que pretenda transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur deberá solicitar una autorización previa a la autoridad nacional competente. Es de destacar, además, la adecuada política que ha logrado reunir un apoyo unánime en relación al reclamo argentino en los foros y organismos regionales: Mercosur, Unasur, Grupo de Río, CALC y Celac, entre otros. Ello demuestra una vocación latinoamericana que compartimos ampliamente.

No obstante, es preciso reconocer que, a lo largo de las tres últimas décadas, Gran Bretaña no solamente hizo oídos sordos a las resoluciones y solicitudes de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, sino además se ha burlado los acuerdos firmados con nuestro país en Madrid en 1989 y 1990, y de los posteriores de cooperación, continuando su política de hechos consumados. En forma paralela, el Reino Unido ha ido consolidando su despojo territorial, al instalar en Malvinas una poderosa base militar que sirve de campo de entrenamiento para las fuerzas de la OTAN, lo que desequilibra el poder bélico regional. En este marco, Londres ha permitido que capitales británicos inicien la exploración offshore en gran escala del petróleo en las islas. En la actualidad, se está extrayendo un petróleo comercialmente apto, que se revaloriza ante la declinación de los yacimientos británicos en el mar del Norte: no se trata de un mero resabio colonial del pasado, sino de un área clave para los intereses económicos británicos. En un mundo que afronta duros conflictos por el acceso y control de los recursos naturales, estos vastos territorios poco habitados albergan una enorme riqueza no explotada.

Ante esta situación, los argentinos debemos responder mediante una estrategia basada en la fuerza del derecho que nos asiste, en la unidad detrás de una causa nacional y latinoamericana y en acciones susceptibles de promover un cambio real de las condiciones que nos han colocado en un permanente retroceso. Para estos fines, consideramos fundamental la Ley 26.659 –de nuestra autoría– aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso de la Nación y publicada en el Boletín Oficial el 18 de abril de 2011. En ella se establecen pautas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y sanciones a las empresas localizadas en nuestro país que tengan vínculos con las corporaciones que explotan el petróleo de las islas Malvinas. Las políticas argentinas de seducción a los isleños fracasaron en estas décadas: ellos son ciudadanos británicos reconocidos por el parlamento británico y quieren seguir siéndolo. Consideramos que la Ley 26.659 avanza en la dirección correcta, porque tiende a ejercer un bloqueo a los intereses británicos que operan en nuestro país y que son accionistas directos o indirectos de las empresas petroleras británicas actuantes en Malvinas. Las cuatro firmas británicas que están explorando en Malvinas –Borders & Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas Limited (FOGL) y Rockhopper Exploration– están ligadas con corporaciones empresarias que producen en el mercado argentino. Entre otras: las principales corporaciones mineras que operan en Argentina, entre otras, la Barrick Gold (Pascua Lama y Veladero); Gold Corp, M.I.M Holdings Limited (Bajo la Alumbrera), Anglo Gold Ashanti (Cerro Vanguardia) y los bancos y grupos financieros Barclays –designado a cargo del último canje de deuda–, HSBC, Bank of America, Allianz seguros, Goldman Sachs, City Bank y Credit Suisse.

El art. 3º de la Ley 26.659 inhabilita: “…por el plazo de cinco (5) a veinte (20) años a las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que no cumplan con lo dispuesto en el art. 2° de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones penales que pudiesen corresponder. En el caso de poseer concesiones hidrocarburíferas, las mismas se revertirán al Estado nacional o a los estados provinciales...”

Lamentablemente, la ley aún no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional y es por ello, Señora Presidenta, que requerimos que ponga fin a esta demora y se aplique la norma. Si se tienen en cuenta los territorios marítimos en disputa y su proyección a la Antártida, la pretensión británica alcanza los 5 millones de kilómetros cuadrados: casi el doble del territorio continental argentino. Esto lo convierte en el conflicto de soberanía territorial más importante del planeta, que abarca aspectos políticos, jurídicos, económicos, militares y ambientales. En tal sentido, coincidimos con usted en denunciar las incalificables declaraciones del primer ministro inglés, David Cameron, y en la reivindicación de nuestros jóvenes muertos en Malvinas al cumplirse treinta años de la guerra. La magnitud de la tarea nos obliga a actuar sin mezquindades ni intereses subalternos y promover sin pérdida de tiempo, una nueva política de Estado: en medio de guerras petroleras, sería ingenuo pensar que sólo gestos de buena voluntad logren que los socios del imperio anglo-norteamericano abandonen la poderosa cuenca petrolera malvinense. Argentina debe defender la vía pacífica de negociación, buscar la solidaridad continental y avanzar en acciones concretas hacia la recuperación de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas.

*Diputado nacional, diputado nacional (MC) y diputada nacional.