La dictadura genocida que toma el poder el 24 de marzo de 1976, constituyó el eslabón final de la estrategia de restauración conservadora promovida por Estados Unidos bajo la inspiración de Henry Kissinger, con el [...]]]> La política de Estados Unidos ante los movimientos sociales, ambientalistas y/o políticos que luchan contra el saqueo de nuestros recursos.

La dictadura genocida que toma el poder el 24 de marzo de 1976, constituyó el eslabón final de la estrategia de restauración conservadora promovida por Estados Unidos bajo la inspiración de Henry Kissinger, con el propósito de recomponer su hegemonía en América Latina. El triunfo del mítico Ho Chi Minh sobre el ejército más poderoso del mundo en los primeros años de esa década, significará la pérdida del sudeste asiático para el bloque de poder occidental y su “hipótesis de derrota” contemplaba un repliegue hacia el continente africano y en especial hacia su patio trasero. Por entonces, los gobiernos de Velasco Alvarado en Perú, Omar Torrijos en Panamá, Juan José Torres en Bolivia o Salvador Allende en Chile, se conjugaban con las luchas del pueblo uruguayo y con la evidente debilidad de la dictadura implantada en Argentina desde 1966, ante las movilizaciones populares y el accionar de grupos armados, que potencian la larga resistencia de los trabajadores reclamando el retorno del General Perón. A partir de 1971, los golpes militares se suceden en Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, articulados en el Plan Cóndor a fin de imponer su primacía mediante el terrorismo de Estado y la utilización de métodos aberrantes e inhumanos de represión.

Estados Unidos ha sufrido nuevas derrotas en Irak y Afganistán, mientras la aspiración de atacar a Irán se encuentra limitada por el acuerdo firmado entre Rusia y China, en el cual ambas potencias declaran que están dispuestas a evitar ese ataque, aún a riesgo de iniciar una guerra. A su vez, el predominio de China sobre las naciones de África al sur del Sahara se ha ido consolidando en los últimos años, gracias a los proyectos acordados durante noviembre de 2006 entre el presidente Hu Jintao y 48 líderes africanos reunidos en Pekín, para la creación de Zonas Económicas Especiales como polos de desarrollo industrial o de extracción de minerales y otros recursos estratégicos. El plan contempla una inversión inicial de 60.000 millones de dólares y la construcción de ferrocarriles, carreteras y vías marítimas, para comunicar a esos países entre sí y con el resto del mundo: de este modo logró neutralizar al FMI en la región y, en más de un caso, los capitales chinos han desplazado o comprado empresas occidentales instaladas allí.

Una mirada sobre el planisferio, indica que la “hipótesis de derrota” ante los fracasos en Irak y Afganistán sólo deja a América Latina como espacio de repliegue, dado el avance de China y el cambio en el equilibrio de poder mundial que se está produciendo. Ante este escenario, cobran especial gravedad las declaraciones formuladas respectivamente por la periodista Stella Calloni y el abogado chaqueño Marcelino Leiva (1) sobre la base de las denuncias de Rolando Núñez del Centro Nelson Mandela, acerca de la instalación en el aeropuerto de Resistencia del Centro Anticatástrofes y Ayuda Humanitaria a cargo del Comando Sur, la IV Flota y la Embajada de Estados Unidos, bajo la responsabilidad del Agregado Militar de ese país, Coronel Edwin Passmore. Este proyecto fue aprobado en 2006 por Aníbal Fernández, en su carácter de Ministro del Interior del Presidente Néstor Kirchner, como parte del Programa de Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias, que incluía una oferta de la empresa Forbes Energy, para invertir 100 millones de dólares en la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar transgénica, a ser cultivada en 50.000 hectáreas de esa provincia.

Sin considerar el tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que habitan en los territorios destinados al cultivo -previa devastación de los correspondientes bosques nativos- las tareas previstas por el Coronel Edwin Passmore también dejarían bastante que desear, si se consideran sus antecedentes y los de sus colegas. Según nos informa Marcelino Leiva, el actual comandante de la IV Flota Kurt Tidd, se desempeñó durante 2004-2005 como Comandante de la Fuerza de Tareas 55 para operaciones de terror en la Guerra de Irak y más tarde ocupa un cargo jerárquico en la Dirección de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Por su parte, Passmore cumplió tareas humanitarias en Afganistán e Irak y desde 2005 fue agregado militar de la embajada estadounidense en Venezuela, hasta su expulsión en 2008 acusado de actividades de espionaje. Reasignados a la embajada norteamericana en nuestro país junto a otros militares expulsados de Bolivia y Ecuador, en 2009 se dedicó a visitar y donar equipamientos al Hospital de Niños de San Justo y a un centro de cuidados infantiles administrado por Madres contra el Paco, acompañado en ambas ocasiones por el también generoso embajador norteamericano. En febrero de 2011 tuvo activa participación en el incidente del avión Globalmaster IIIen Ezeiza, que transportó a un contingente de Marines dispuestos a entrenar a miembros de la Policía Federal y se negara a ser revisado por la aduana, en tanto traía “carga sensitiva” secreta.

En estas manos queda la base del aeropuerto de Resistencia: un lugar estratégico para el control de la Triple Frontera y del Acuífero Guaraní, que se articula con la base Mariscal Estigarribia de Paraguay -situada cerca de la frontera con Bolivia y sus reservas de petróleo y gas- además de cubrir el sur de la Amazonia de Brasil, custodiada en el norte por las bases del Plan Colombia y en el oeste por la base de Manta trasladada de Ecuador a Perú. La rápida sanción de la Ley Antiterrorista 26.734 en diciembre de 2011 y el Proyecto X de Inteligencia de Gendarmería Nacional -cuya misión de patrullaje fronterizo ha sido reemplazada por tareas policiales en centros urbanos- estarían indicando un desplazamiento desde la idea de Defensa Nacional hacia una nueva Doctrina de Seguridad Interior, que evoca la existencia de un “enemigo interno” con la consiguiente criminalización de la protesta social: el sensible incremento de los gastos destinados al Ministerio de Seguridad Interior respecto a los de Defensa Nacional en la Ley de Presupuesto 2012, se orienta en el mismo sentido. Aparte del sentimiento humanitario, otro objetivo explicitado por la base norteamericana sería la lucha contra el narcotráfico: una mera “casualidad permanente” es la comprobación que los cultivos de amapola y la producción de heroína destinada al mercado de Europa Occidental, se multiplicaron durante la ocupación norteamericana en Afganistán. La historia enseña que los imperios en decadencia tienden a utilizar las fuerzas militares para retener sus periferias territoriales: los casos de España en Nuestra América o Francia en Indochina y Argelia, son algunos ejemplos. Hoy Estados Unidos afronta una acelerada declinación y este 24 de marzo debe alertarnos acerca de las amenazas que se ciernen sobre Argentina y América Latina. Como señala Leiva:

De acuerdo con estos antecedentes no habrá cooperación sino espionaje contra el pueblo argentino en la medida que movimientos sociales, ambientalistas y/o políticos, se opongan al saqueo de nuestros recursos naturales, como la megaminería, la contaminación sojera, la devastación de nuestros montes, ríos y reservas acuíferas, atentando contra nuestra Seguridad Nacional, contra nuestros recursos naturales y la población del país

“ERA UN INJUSTO PRIVILEGIO PENAL PARA LOS VIOLADORES”

Los diputados Nacionales por Proyecto Sur Jorge Cardelli, Alcira Argumedo y Fernando “Pino” Solanas celebraron esta noche la sanción de la Ley que termina con la posibilidad de que las víctimas de violación puedan perdonar [...]]]> EL BLOQUE PROYECTO SUR CELEBRA EL FIN DE
LA FIGURA DE ADVENIMIENTO

“ERA UN INJUSTO PRIVILEGIO PENAL PARA LOS VIOLADORES”

Los diputados Nacionales por Proyecto Sur Jorge Cardelli, Alcira
Argumedo y Fernando “Pino” Solanas celebraron esta noche la sanción de
la Ley que termina con la posibilidad de que las víctimas de violación
puedan perdonar a sus violadores.

Luego de la media sanción que obtuvo el proyecto en la Cámara Alta
los diputados y diputadas modificaron por unanimidad el artículo 132 del Código Penal
eliminando la figura de advenimiento por la cual las víctimas de
violaciones, mayores de 16 años, podían "perdonar" a sus atacantes.

La iniciativa cobró impulso tras el caso de la joven pampeana que
contrajo matrimonio con su violador y él, al recuperar su libertad,
terminó matándola a puñaladas.

Ante la aprobación, Cardelli sostuvo que “la vigencia de este
privilegio es un resabio del más feroz patriarcado porque supone un
derecho para los varones que no tendrían las mujeres ya que ningún
otro delito penal puede ser perdonado por la víctima, ¿de qué otra
forma podemos entender el beneficio que se le daba a los violadores?
Sólo entendiendo la desigualdad de género”, resaltó.

Por su parte, Argumedo afirmó: “Que pueda existir un arreglo implica
entender que existe una superioridad, que el hombre puede disponer del
cuerpo de la mujer a través de un mecanismo perverso que ofrece un
pasaporte a la impunidad para los autores de delitos gravísimos, de
los que las mujeres suelen ser víctimas en un altísimo porcentaje, y
que expresan violencia de género; por eso este es un gran paso”.
Alcira Argumedo

La diputada nacional de Proyecto Sur Alcira Argumedo [...]]]> 11-2-2012
La referente de Proyecto Sur analizó ante parlamentario.com la situación que atraviesa el país en torno a la minería a cielo abierto, que propone prohibir por ley. Reconoció que “se está dando un debate nacional” gracias a la cobertura de los medios enfrentados con el Gobierno.

La diputada nacional de Proyecto Sur Alcira Argumedo dialogó con parlamentario.com acerca de unos de los debates que más se ha puesto en boga en los últimos días: la megaminería y sus consecuencias sobre el media ambiente. La polémica volvió a renovarse con la movilización ciudadana en El Famatina, y en las últimas horas con la represión a los asambleístas catamarqueños que impedían la entrada de cargamentos a La Alumbrera, en Tinogasta. Inmersa en esta situación, la socióloga del Conicet recuerda las denuncias que viene realizando su partido “desde hace años” sobre los efectos “catastróficos” de la minería a cielo abierto.

Frente al expreso apoyo de gobernadores provinciales y de sectores trabajadores a la actividad, Argumedo aseguró que “hay una desinformación de lo que significa la megaminería” argumentando que “cuando se van las empresas, además del desierto, resecan o envenenan las fuentes de agua” que perjudica a toda la región.

“El problema es que en un pueblo contratan mil trabajadores como mucho y con sueldos muy altos además de algunas otras cosas. En lo inmediato dan una cierta prosperidad. Pero estamos condenando la calidad de vida de nuestros nietos y nietas. Inclusive creo que la ocupación minera es el 0.04 por ciento de la población económicamente activa. No son más de 20 mil en todo el país”, detalló la diputada.

La legisladora consideró que “la clave del debate nacional que se está dando fue la difusión que le han dado los grandes medios”. “Ha sido rara la importancia que le dieron, pero me parece fantástico porque rompieron el silencio de los medios provinciales”, dijo al reconocer que la exposición mediática está en parte sumergida en el enfrentamiento entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín.

“Acá hubo un factor importante que fue que en la pelea entre el Gobierno y Clarín, se fue difundiendo lo que es la megaminería. Utilizando el 54 por ciento de los votos van por todo. Se encuentran con esto y por primera vez lo grandes medios empiezan a reflejarlo”, dijo Argumedo a parlamentario.com.

Críticas a la Casa Rosada

La diputada afirmó que “el secretario de Minería y la presidenta de la Nación tienen compromisos muy fuertes con los sectores mineros, como paso con los petroleros”. Y dijo: “Ahora se dan cuenta de lo que significa que las petroleras vacíen los pozos sin hacer exploración. No se les exigían explorar, que es lo más caro. Ahora se dan cuenta de la política depredadora. Exportaron gas sin ningún tipo de control a Chile. Es una mirada tan de corto plazo y de negocio inmediato que es terriblemente peligroso”.

Advirtió en ese sentido que “el peligro por las consecuencias del medio ambiente y los recursos naturales se ha consolidado”, recordaron que “en 2010 se logro sacar la ley de protección de glaciares y La Barrick no quiere que se aplique porque van a proteger los glaciares que son sus fuentes de agua” para la explotación minera.

Pese a esta situación, Argumedo le dijo a parlamentario.com que “vamos a hacer lo imposible para prohibir la minería a cielo abierto, fundamentándonos en el documento del Parlamento Europeo de 2010 que la prohibió”. “Inclusive Rumania, Hungría y Alemania que son grandes países mineros ya la liquidaron”, comentó.

Contaminación

Argumedo reconoció que “se está dando un debate nacional” en torno a las consecuencias de la minería, donde “por un lado hay una mirada de corto plazo por parte de quienes son partidarios de la megaminería, que afirman que no contamina”.

La diputada desmintió esta postura afirmando “el problema central es lo van a dejar estos emprendimientos”. “Primero que el proceso de separación de metales y rocas usa agua y cianuro en grandes cantidades. En lo inmediato el agua que se usa afecta a la agricultura. En el caso de La Rioja el propio Beder Herrera reconoció que el agua no alcanza para agricultura y minería y escogió a esta última”, dijo.

En segundo término, y como consecuencia de lo anterior, Argumedo remarcó que “por las explotaciones y los metales a la intemperie se produce lluvia ácida, polvo de metal, que contamina el aire y los cultivos”. “Cuando las empresas se retiran dejan por los siglos de los siglos los denominados ‘diques de cola’ del tamaño de San Roque, en Córdoba, que tiene un barro tóxico con cianuro y restos de metales pesados”, detalló.

Comentó al respecto que “en Europa la minería a cielo abierto fue prohibida en 2010 porque en 25 años hubieron 30 accidentes como la ruptura de diques que inundaron pueblos aledaños con el barrio hasta uno o dos metros de altura” y que “también se contaminó el río Danubio”, por lo que “consideraron que son consecuencias catastróficas e irreversibles y se prohibieron en toda Europa”.

“Lo comparo con la experiencia de la forestal. En el 2004 el INTA y la Secretaria de Medio Ambiente hicieron un informe por el cual se dieron cuenta de que la sequía y desertificación se debe a la actividad forestal, ya que cuando se retiran las empresas dejan un páramo. Eso fue un gran negocio para la empresa y los funcionarios, pero un siglo después se pagan las consecuencias”, dijo la diputada porteña.

“Lamentablemente el contenido y los resultados de la convocatoria oficial reafirmaron nuestra decisión de no haber asistido para no ser partícipes de esta manipulación mediática sobre un tema tan sensible para el [...]]]> Tras los anuncios del Gobierno sobre la situación en las islas del Atlántico sur, la Mesa Nacional de Proyecto Sur fijó su posición.

“Lamentablemente el contenido y los resultados de la convocatoria oficial reafirmaron nuestra decisión de no haber asistido para no ser partícipes de esta manipulación mediática sobre un tema tan sensible para el pueblo argentino”, afirmaron los diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli del Bloque Proyecto Sur; y sostuvieron que “los anuncios de la Presidenta sobre la situación en Malvinas nos muestran una vez más una retorica inoperante ante la magnitud de la prepotencia británica en términos militares y económicos”.
Con respecto a los anuncios oficiales, los diputados afirmaron que “la desclasificación del informe Rattenbach tiene un valor simbólico positivo más allá del hecho de que hace varios años se conoce públicamente, y con respecto a la denuncia de la militarización inglesa en las islas a ser presentada en el Consejo de Seguridad de la ONU constituye una gestión natural y propia de la Cancillería, pero que tendría que haber sido formulada desde hace varios años, antes el incremento constante de la presencia militar inglesa durante la última década”.

“La respuesta a las expectativas de los ex combatientes y veteranos constituye un verdadero insulto a la dignidad de una generación golpeada por la guerra sin preguntarse por las verdaderas causas por las cuales una cantidad tan significativa de ellos decidieron quitarse la vida”, se solidarizaron los referentes de Proyecto Sur.

Para finalizar, los diputados de Proyecto Sur recordaron que “tal como señalamos en la reciente Carta Abierta a la Presidenta, la posición de Proyecto Sur sostiene que deben tomarse medidas concretas basadas en la fuerza de nuestro derecho”. En este sentido, el Bloque liderado por Fernando Solanas propone que el Gobierno “encare medidas que afecten efectivamente a los intereses británicos, contemplando dos acciones: la denuncia de los acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 que avalan la política de despejo de nuestros recursos y la inmediata reglamentación y aplicación de la ley 26.659 aprobada por unanimidad en el Congreso, junto a medidas compensatorias al perjuicio económico que le causa al país la explotación ilegal de recursos en el Atlántico Sur”.